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El 19 de septiembre de 2025, Trump emitió una proclamación que exige un pago de $100,000 con cada nueva solicitud de visa H-1B presentada a partir del 21 de septiembre de 2025, incluyendo las solicitudes de lotería de 2026. De aprobarse, esta medida perturbaría la economía estadounidense y dejaría fuera a innumerables empleadores y profesionales cualificados.
La proclamación se basa en la afirmación de que los trabajadores H-1B son “mano de obra extranjera barata” que reduce los salarios de Estadounidenses. En realidad, cualquiera que esté familiarizado con el proceso de visa H-1B sabe que a cada empleado H-1B se le debe pagar un salario certificado por el Departamento de Trabajo igual o superior al salario predominante para los trabajadores estadounidenses en puestos similares. La sugerencia de que trabajadores bajo la visa H-1b perjudican el mercado laboral estadounidense es simplemente infundada.
De hecho, una regulación como esta probablemente no generaría empleos para trabajadores estadounidenses, dado que estos puestos se están cubriendo actualmente con extranjeros debido a la escasez de trabajadores estadounidenses cualificados en ciertos campos. Esto probablemente resultará en un aumento en la contratación de más trabajadores extranjeros remotos, lo que en realidad reduciría los impuestos que estos trabajadores habrían pagado al Tesoro estadounidense y los efectos positivos del consumo local y la innovación de los trabajadores bajo visa H-1B en la economía estadounidense.
Afortunadamente, para que los cambios en las tarifas de presentación del USCIS sean legales, es necesario que el Congreso apruebe una ley o que la agencia, el USCIS, promulgue un reglamento. Para que un reglamento se promulgue, debe publicarse en el Registro Federal durante un período de tiempo suficiente para recibir comentarios públicos, estos deben considerarse y, posteriormente, puede emitirse la regulación.
Una promulgación ejecutiva nunca se ha reconocido como un procedimiento legal para ajustar, o en este caso, para crear, una nueva tarifa de presentación del USCIS. Los tribunales que revisaron intentos similares de la anterior administración Trump, como el caso del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes et al. contra Wolf et al., una decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos emitida por Jeffery S. White para el Distrito Norte de California (véase el expediente n.° 4:2020-CV-05883 (2020)), dictaminó que las tarifas declaradas por métodos distintos a las regulaciones debidamente promulgadas o el mandato del Congreso son ilegales.
De hecho, desde ya se están preparando demandas para impugnar esta ampliación ilegal de la autoridad ejecutiva. Se prevé que estas acciones legales tendrán éxito, a menos que la Corte Suprema emita una decisión que socave el verdadero estado de derecho establecido por nuestra Constitución.
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