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Asilo Aprobado Después de que se Ordenara Deportación Debido a la “Prohibición del Persecutor”
June 6th, 2024
En 2002, César Alexander Restrepo llegó a un pequeño pueblo de New Hampshire para alejar a su familia del peligro que los había asolado en su pueblo cerca de Medellín, Colombia. Desafortunadamente, una noche una fuerte y ruidosa discusión familiar puso en peligro esta seguridad.
La policía local fue llamada a su casa para investigar un posible disturbio. La policía no hablaba español y la familia de César Alexander no hablaba inglés, pero esto no impidió que fuera arrestado por sospecha de violencia doméstica. El caso penal en su contra finalmente fue desestimado, pero los cargos permitieron que las autoridades de inmigración lo encontraran y, debido a que no tenía permiso para estar en los EE. UU., fue puesto en proceso de deportación /expulsion.
Con la ayuda del abogado Desmond FitzGerald, César Alexander presentó una solicitud de asilo. Reunieron extensas pruebas y prepararon su testimonio. Una petición de asilo es generalmente difícil de probar en un procedimiento ante el Tribunal de Inmigración, pero este caso era sólido. César Alexander operaba una gran finca en Antioquia, Colombia y un día recibió una llamada informándole que uno de los vehículos de la finca había sido confiscado y varios de sus trabajadores estaban retenidos por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), un grupo izquierdista de terroristas y narcotraficantes en Colombia que controlaba el área en ese momento.
Las FARC le indicaron a Cesar dónde tenía que ir para recuperar a sus trabajadores y le dijeron que tenía que ir al alcalde de su ciudad y convencerlo de que impidiera que los militares patrullaran la zona, y que si no lo hacía, lo matarían a él y a sus trabajadores. Mientras que las FARC liberaron a sus trabajadores, se quedaron con su vehículo y César no tuvo como evitarlo.
César Alejandro se reunió inmediatamente con el alcalde con quien estaba estrechamente asociado y a quien había apoyado en su elección, sólo que su reunión fue para denunciar el incidente a las autoridades e implorarles ayuda.
La Alcaldía agradeció a César por la información, y si bien ciertamente no dejarían de patrullar todos los territorios, tampoco podían garantizar su seguridad. Fue en ese momento que César tomó la difícil decisión de mudarse a los Estados Unidos.
Cuando el juez del Tribunal de Inmigración escuchó el testimonio y revisó la documentación, le resultó fácil emitir una orden concediendo el estatus de asilo, o al menos esto parecía. Justo antes de que el juez declarara la decisión de la Corte, el abogado del gobierno presentó una petición para impedir la concesión de asilo bajo la “Prohibición del Persecutor”, una ley que prohíbe o impide que los terroristas que persiguen a personas en sus países reciban estatus legal en los Estados Unidos.
El abogado FitzGerald objetó porque esta petición se presentó tarde y el juez inicialmente había aceptado y concedido a César el estatus de asilo, pero el gobierno presentó una Notificación de Apelación impidiendo que la orden del juez entrara en vigor. Parecía que no se lograría justicia. Es increíble que una persona cuyo vehículo fue confiscado a la fuerza por un grupo terrorista, y que sólo había actuado para salvar las vidas de empleados inocentes, podría ser clasificada como partidaria de un grupo que lo obligó a huir de su propio país. Lamentablemente, esa ha sido la ley. Específicamente, si una persona proporciona fondos, materiales o servicios a un grupo que persigue a otros, incluso si se ve obligada a hacerlo bajo coacción, fuerza o amenaza de muerte, no es elegible para asilo. Además, en 2020, el Fiscal General Barr emitió un fallo para declarar que no había ninguna excepción de “coacción” a la “Prohibición del Persecutor”.
A pesar de la abrumadora decepción, César Alexander aceptó que el abogado FitzGerald presentara una petición de revisión ante el USCIS, quien tiene la autoridad para otorgar asilo en casos en los que el tribunal no puede hacerlo debido a la “Prohibición del Persecutor”.
El equipo de FitzGerald Law Company ayudó a César a obtener evidencia sobre sus actividades en Colombia y Estados Unidos, así como información sobre su familia, su negocio e incluso su registros del pagó sus impuestos en EEUU. La petición fue presentada y en varias ocasiones fue complementada. El proceso tardó años en completarse, requirió comparecencias adicionales ante el juez y presentaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y USCIS, pero finalmente, cuando todo fue revisado y analizado cuidadosamente, se obtuvo la decisión adecuada y justa. A César Alexander se le otorgaría estatus en los EE. UU. y la seguridad para su familia que había deseado durante tanto tiempo.
