Drita había trabajado duro en la universidad en Albania para ganarse la oportunidad de viajar a los EE. UU. y perfeccionar su inglés, a través de un programa de intercambio de estudiantes y una visa J-1. El programa consistía de tres meses en Michigan y alojamiento con una familia estadounidense, estudiando en una universidad local. Durante sus estudios en el programa de intercambio, Dirta decidió transferirse del todo y completar sus estudios universitarios en Estados Unidos. Por lo tanto, solicitó un cambio de estatus a una visa de estudiante F-1 con la asistencia de la Oficina de Estudiantes Internacionales de su universidad. Todo parecía ir bien. Completaría su programa de intercambio en octubre e inmediatamente después comenzaría las clases en la universidad. Sin embargo, la universidad no le informó que su fecha de inicio había sido ingresada en el sistema SEVIS para enero y que necesitaba tomar medidas adicionales para mantener su estatus legal en los Estados Unidos y poder obtener su visa de estudiante (F-1).
De ahí que fue un shock para Drita cuando recibió la notificación de negación de su visa de estudiante por parte de USCIS, alegando que su estatus legal había terminado antes de la fecha de inicio de sus estudios. Para empeorar las cosas, las autoridades de inmigración le estaban notificando que habían iniciado un proceso de deportación [1] en su contra emitiéndole un Aviso de Comparecencia (NTA—Notice to Appear) ante el Tribunal de Inmigración. Las únicas personas que conocía en Estados Unidos eran unos primos en el área de Boston, quienes la invitaron a mudarse con ellos mientras ella solucionaba su problema. Fue a través de estos primos que conoció a los abogados de inmigración [2] de FitzGerald Law Company y se comunicó con nuestra oficina. Lo primero que tuvo que hacer el abogado Desmond FitzGerald fue trasladar su caso judicial de Michigan a Boston, presentando una moción para cambiar el lugar de la audiencia que fue rápidamente aceptada por el juez.
Mientras tanto, Drita descubrió que había una fuerte comunidad de Albania en Boston y pronto formó un grupo de amigos, incluido Alban, cuya familia había emigrado hacía muchos años y ahora era ciudadano estadounidense. Alban le brindó a Drita mucha asistencia y apoyo emocional durante este momento difícil. Su relación creció y finalmente él le pidió que se casara con él.
Con la ayuda de FitzGerald Law Company, Dirta presentó ante USCIS una petición de inmigrante basada en matrimonio (I-130) [3]. Drita y Alban compartían todos los aspectos de sus vidas, por lo que la documentación de su matrimonio era sustancial. Según la voluminosa evidencia, la petición I-130 debería haber sido aprobada con prontitud. Cuando el abogado FitzGerald mostró al Tribunal de Inmigración las pruebas que le habían entregado a USCIS, el tribunal acordó que la petición de residencia matrimonial iba a ser aprobada y programó una fecha de juicio final para su caso de deportación, para que el juez pudiera aprobar su ajuste de estatus (I-485) o petición de residencia permanente legal. La fecha de corte más temprana disponible era en 20 meses, tiempo más que suficiente para recibir la aprobación de la petición I-130, preparar y presentar la petición I-485 y tener toda la documentación necesaria para su residencia.
Pero las cosas no estaban destinadas a ser tan sencillas para Drita. USCIS no aprobó su I-130 rápidamente como debería haberlo hecho. En cambio, emitieron una Solicitud de Evidencia (RFE). Esto fue fácil de conseguir para Drita y su marido porque la RFE simplemente pedía pruebas sobre su relación. La respuesta fue presentada de inmediato y nuevamente el caso debió ser aprobado, pero no fue así. Alban fue diligente al comunicarse con USCIS por teléfono y enviar solicitudes en línea. Además, FitzGerald Law Company envió numerosas cartas solicitando una decisión o adjudicación del caso, pero USCIS no hizo nada. La fecha de la audiencia se acercaba y sin la aprobación de la I-130, Drita no podría presentar su I-485 para recibir su residencia en la fecha de su audiencia. Sería necesario reprogramar la audiencia y su proceso se retrasaría durante años. El abogado FitzGerald se reunió con Drita y le explicó sus opciones.
Drita podría aceptar que USCIS no haya completado adecuadamente su caso, aceptar las demoras y permanecer como tantas personas con una deportación pendiente en la corte; o podrían tomar el asunto en sus propias manos y demandar al Departamento de Seguridad Nacional por negligencia del USCIS al no procesar su solicitud a tiempo.
Ir contra el gobierno en los tribunales puede dar miedo, pero el abogado FitzGerald les aseguró que su caso era sólido y que debían creer en sí mismos y en su relación. Dirta y su esposo estuvieron de acuerdo y la demanda (Writ of Mandamus [4]) se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Se entregó una citación judicial a la oficina del Fiscal General y en poco tiempo los abogados asignados para representar al gobierno pudieron ver que USCIS había manejado injustamente la petición I-130. A solo unos días del juicio en la corte de inmigración, se llegó a un acuerdo con USCIS y se aprobó la I-130 de Drita. Con esta aprobación, Drita completó su I-485 con todos los documentos requeridos, lo presentó al Juez de Inmigración con una declaración escrita de su testimonio y su caso quedó listo para el juicio.
El juicio en la Corte de Inmigración fue breve. Todas las partes y el juez acordaron unánimemente que a Drita se le debería otorgar el estatus de Residente Permanente Legal en los EE. UU. y se emitió una orden a tal efecto. El caso de Drita había terminado, o al menos debería haberlo hecho.
Un juez de inmigración del Departamento de Justicia está autorizado por ley a otorgar el estatus de residente permanente legal, pero la Green Card solo la emite USCIS, por lo que, aunque Drita tenía en su mano un papel que decía que era residente de EE. UU., aún no tenía su Green Card. La pelea de Drita con USCIS no había terminado.
Como anteriormente con su petición I-130, Drita y su esposo fueron diligentes en la presentación de solicitudes y la documentación al USCIS para su Green Card, incluso presentaron evidencia de los pagos de sus tarifas de presentación a varias oficinas. Sus solicitudes fueron ignoradas y Drita comenzó a sentirse igual que una persona sin estatus migratorio legal. Ella buscó ayuda una vez más de FitzGerald Law Company y una vez más, el abogado FitzGerald explicó que tenía que demandar a USCIS. La demanda fue preparada y radicada. Las notificaciones legales se entregaron al Departamento de Seguridad Nacional y, en poco tiempo, se llegó a un acuerdo. Si Drita aceptaba retirar su demanda, USCIS le emitiría la Green Card. Finalmente Drita recibió su Green Card y después de tantos años de no poder ver a sus padres ni presentarles a su cónyuge, se reunió con su familia. Fue la perseverancia de Drita ante la adversidad y su rapidez en conseguir la ayuda legal apropiada lo que le permitió obtener la Green Card [3] que tanto anhelaba.